La Ley 11027, sancionada recientemente por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, marca un hito en la regulación ambiental al establecer un sistema más claro y eficiente para la determinación y sanción de infracciones ambientales. Esta nueva normativa reemplaza a la Ley 10115 e introduce cambios significativos que buscan fortalecer la protección del medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible.
El control del desmedido gasto público que afecta a nuestro país no debe abordarse simplemente con la eliminación de partidas presupuestarias, agentes o servicios públicos. La verdadera solución radica en la aplicación rigurosa de los principios y procedimientos éticos y administrativos, asegurando que cada decisión gubernamental responda al marco legal y a los objetivos de la Administración Pública. Para lograrlo, es fundamental que la ciudadanía exija mayor transparencia y responsabilidad en la gestión estatal, promoviendo controles efectivos y demandando que las autoridades actúen con apego a la legalidad y en beneficio del interés común.
